Bajo impacto de los programas de apoyo al campo

Desde la perspectiva de productores rurales mexiquenses

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Las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario influyen en la producción e impactan en la calidad de vida de los beneficiarios. Durante décadas el gobierno mexicano ha implementado innumerables programas de apoyo al campo, sin embargo, quienes producen continúan con necesidades de capacitación, infraestructura y capitalización.

El objetivo de este trabajo fue indagar sobre la aplicación de programas gubernamentales al sector rural desde la perspectiva de productores agropecuarios de tres municipios del norte del Estado de México. Se encontró que la percepción sobre los programas de apoyo como opción para mejorar la producción agropecuaria es muy cuestionable. Se identifican problemáticas en el diseño, implementación y ejecución, donde son copartícipes las dependencias gubernamentales y los beneficiarios. Bajo el esquema actual, los recursos escasamente impactan en el incremento de la productividad agropecuaria.

Antecedentes

En México la incidencia de la pobreza en la población rural es grave, se estima en 32%, donde un tercio de ella vive en pobreza extrema, esto es en pobreza alimentaria y déficits en educación, salud, vivienda y acceso a servicios, además de un entorno poco favorable para el desarrollo, lo que constituye un obstáculo para lograr potenciales productivos agrícolas y pecuarios (SAGARPA-FAO, 2007), ese entorno propicia un círculo vicioso entre pobreza y baja productividad.

Para potenciar el desarrollo del campo, el gobierno ha implementado innumerables programas de apoyo, no obstante, se ha incrementado la dependencia alimentaria nacional y quienes se dedican a actividades agropecuarias siguen requiriendo capacitación, infraestructura y capitalización (Ortega-Hernández, 2014).

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable Promulgada en 2001, establece estrategias para impulsar el desarrollo, estimulando la coordinación de dependencias para la ejecución de programas (Diario Oficial de la Federación, 2001). Sin embargo, la concurrencia en la planeación intersectorial y la ejecución de programas, no son una práctica establecida. Por el contrario, la operación de programas y proyectos está regida por lineamientos o guías de operación aislados, mayoritariamente de: la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), la Financiera Rural, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (FAO-SAGARPA, 2010), y dependencias estatales como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en este caso del Estado de México (SEDAGRO).

En un análisis de los programas, en el año 2008 la SAGARPA contaba con ocho programas de apoyo al campo, operados por Reglas de Operación con estructuración programática bajo la visión de la Gestión por Resultados. En discurso esto permitió diseñar programas con propósitos claros, vinculados a objetivos nacionales y sectoriales de desarrollo, y componentes únicos e irrepetibles.

No obstante que ha habido enormes recursos financieros involucrados en el campo, los proyectos han carecido de marco lógico e indicadores de proceso y de término, lo cual dificulta la identificación de problemas coyunturales y estructurales (FAO-SAGARPA, 2010). Es el caso de que en 2013, los montos ejercidos por SAGARPA en programas agropecuarios y pesqueros fueron $65,004,698,838.00, además de participaciones estatales variables (SAGARPA, 2015), que sumados a presupuestos ejercidos por FIRCO, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades (INCA RURAL) representan enormes recursos al sector.

Objetivo del estudio y método

El objetivo del estudio fue conocer opiniones sobre programas gubernamentales de apoyo al campo de personas relacionadas a la producción agropecuaria, que han sido, son o no beneficiarias de programas, radicadas en los municipios de Chapa de Mota, Villa del Carbón y Jilotepec, ubicados al norte del Estado de México. Para ello se realizaron entrevistas a productores elegidos por conveniencia durante eventos donde ellos participaban, en reuniones a nivel municipal, o directamente visitados en sus unidades de producción, se entrevistaron 72 personas, 24 mujeres y 48 varones, con un promedio de edad de 49 años (25 a 72 años). El estudio pretendió un entendimiento integral (Schwandt, 2000), para comprender e interpretar la situación específica al captar como un todo la complejidad de aspectos: institucionales, prácticas, intenciones, creencias, formas de vida y lenguaje. Así fue que los datos obtenidos se clasificaron por categorías y temas, lo que permitió un análisis y comprensión de la información (Pole y Lampard, 2002).

Resultados y Discusión

La integración de opiniones, puntos de vista, experiencias y percepciones de productores mexiquenses sobre los programas de apoyo al campo, evidenció problemáticas tanto de instancias financiadoras como de las personas beneficiadas.

SAGARPA. Entrega de Apoyos en el Estado de Chiapas. Componente de Productividad Agroalimentaria.

Firco Entrega Recursos para el Establecimiento de Palma de Coco en la Costa De Oaxaqueña. Desarrollo Productivo Sur Sureste.

Resultados:

A partir de información bibliográfica se tiene la siguiente información de las principales dependencias financiadoras que participan en el área:

La dependencia que ejerce la mayor cantidad de recursos y programas para el campo es la SAGARPA, en el Estado de México la Secretaría puede transferir recursos a la SEDAGRO, ésta institución en 2014 ejerció programas enfocados a: comercialización y desarrollo de mercados, fomento agrícola, pecuario, pesquero y acuícola, productividad y competitividad agroalimentaria, sanidad e inocuidad, fortalecimiento de organizaciones, apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios y a la mujer emprendedora, entre otros (SAGARPA, 2014; SEDAGRO, 2016).

La CDI ofrece programas dedicados a mejoras productivas, como: Mejoramiento a la producción, Infraestructura, Activos productivos, Ecoturismo y Desarrollo Artesanal.

En menor cuantía FIRCO apoya a agronegocios, respalda empresas rurales y organizaciones así como actividades en beneficio del medio ambiente con impacto social (FIRCO, 2016).

Mediante el programa Comunidad DIFerente, el Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel estatal y municipal apoya a productores con acompañamiento y recursos en actividades agropecuarias, transformación de productos básicos y capacitación en diversos oficios (DIF, 2016).

Opinión de los productores, hayan sido o no beneficiarios de los programas

Sobre las instituciones financiadoras:

Identifican a las fuentes de financiamiento, indican haber sido beneficiados por alguna de ellas, conocen a quien lo ha sido o bien a quien ha realizado trámites de solicitud.

Señalan que la difusión de los programas no es oportuna y se dirige solo a ciertos sectores o productores.

Es consenso que las políticas de apoyo al campo se establecen desde la visión gubernamental con poca o nula participación de quienes hacen uso de los apoyos.

Indiferencia hacia el sector agropecuario, poco compromiso social, carencia de canales de comunicación donde productores agropecuarios manifiesten sus opiniones, experiencias y necesidades. Un espacio creado para ello lo fueron los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, pero en el área de estudio no sesionan en ninguno de sus niveles: municipal ni regional, desde 2014.

Resaltan que velada o abiertamente, los recursos de programas se destinan mayoritariamente a productores con afinidad política o relaciones con personas del partido en el poder, se observa ese comportamiento desde los niveles federal, estatal, municipal hasta en ejido o comunidad. Quien carece de relaciones se sabe con poca posibilidad de recibir el beneficio y puede optar por no gestionar.

Muchas veces refieren condicionamiento para el trámite o asignación de apoyos a cambio de votos, de tal forma que influencias partidistas dominan el destino y ejecución de los recursos de programas. Esta práctica preserva la condición de clientelismo político, donde el gobierno otorga apoyos y los beneficiarios corresponden con proselitismo político y votos.

En los operadores de los programas, vicios burocráticos y poco interés para promocionarlos, probablemente para no incrementar sus cargas de trabajo; perciben poco personal con disponibilidad para dar información veraz y auxiliarles en los trámites. Estos en ocasiones pueden ser agilizados a favor o ser un filtro para que ciertas personas no sean apoyadas. Una minoría reconoce que en las dependencias existen técnicos que muestran empatía y actitud positiva hacia quienes solicitan los apoyos, y de forma abierta y honrada fomentan el acceso a los programas.

Mayoritariamente refieren que la estructura de las instituciones difícilmente acompañe al productor durante el proceso de solicitud, implementación y ejecución.

Inevitablemente emerge el tema de la corrupción cuando por ejemplo, para la adquisición de ganado, los técnicos han llegado a condicionar la compra con proveedores específicos, resultando en ganado de baja calidad para el valor del semoviente. También refieren que los proveedores cotizan los conceptos por arriba del precio de mercado, argumentando el tiempo de espera para recibir la aportación gubernamental.

Para integrar apropiadamente las solicitudes, las reglas de operación y los formatos son confusos, los trámites son complicados y la integración demanda tiempo innecesario. Perciben que la plataforma digital llega a ser insuficiente para la atención de las numerosas solicitudes, y no hay transparencia en el proceso de selección por lo que desconocen la causa de un dictamen negativo o de rechazo.

Los productores opinan sobre sí mismos:

De quien ha sido beneficiario hay un reconocimiento y agradecimiento a las fuentes financiadoras por el apoyo, reflejado en mejoras y capitalización de la unidad de producción.

Quien no ha sido beneficiario, refiere desconfianza para ser apoyado, dificultades en la gestión, retrasos en trámites, o cancelaciones repentinas de programas que desaparecen sin explicación.

Tanto quien ha recibido apoyo, como quien no, reconoce que los recursos de los programas pueden ser significativos y que bien utilizados, impactarían favorablemente en sus empresas.

Debido a que diversas fuentes financiadoras han otorgado y otorgan apoyos a fondo perdido existe la expectativa de “qué me van a dar”, sin que ello corresponda necesariamente al proyecto de la unidad de producción.

Aunque los apoyos no respondan a las necesidades e intereses productivos, sí les lucen atrayentes los solicitan, los aceptan, y pueden no utilizarlos para el fin, sino que los transforman a efectivo, vendiendo semovientes, equipos, maquinaria o invernaderos. Lo anterior es del conocimiento general. Con ello obtienen un beneficio económico en el corto plazo, pero con un costo productivo ya que se deshacen de recursos con los que pudieran mejorar. Esta práctica puede repetirse al ser beneficiario en otro ciclo o de otro programa, propiciando un círculo vicioso que limita el potencial productivo de sus unidades y malversa recursos gubernamentales. Hay un sector que reconoce la inconveniencia en otorgar apoyos en estas condiciones, ya que pierden su efectividad al no incrementar la producción.

Escasas son las personas que han recibido recursos para inversiones con compromiso de pago, a lo que algunos productores opinan sería conveniente ya que eso promovería el mejor uso de los mismos.

Conclusiones

El trabajo muestra percepciones y experiencias que personas del sector agropecuario mexiquense tienen sobre la asignación, ejecución y aplicación de programas gubernamentales de apoyo al campo. A partir de ello, la perspectiva sobre dichos programas como opción para potenciar la producción agropecuaria en esta región mexiquense no es halagüeña. Se identifican problemáticas tanto en las fuentes financiadoras como en quienes son beneficiarios. El esquema actual de asignación de apoyos no responde necesariamente a las necesidades de las unidades de producción agrícolas o pecuarias, sino a conveniencias de corto plazo de las personas beneficiadas que aprovechan condicionantes políticas y deficiencias en la correcta aplicación de los recursos por parte de las instituciones; por ello, escasamente resultan en incremento en la productividad. La malversación de los apoyos abre un abanico de ineficiencia y deshonestidad hacia ambas partes: fuentes financiadoras y personas beneficiadas. Esta complicidad vicia la estructura de los programas de apoyo al campo y fomenta la relación paternalista, donde las primeras pueden tener otros intereses para otorgar los recursos y los segundos están a la expectativa buscando continuamente ser beneficiados. Esto conlleva altos costos económicos y productivos ya que los cuantiosos recursos financieros no se reflejan en mayor productividad. La correcta ejecución de los programas gubernamentales de apoyo requiere transformaciones a todos los niveles, si continúa el actual esquema se agravará la pobreza y el rezago en el sector agropecuario sin que los enormes recursos asignados impacten en beneficios de largo plazo. AS

MVZ MC Guillermo Gómez Espinoza,
profesor en la FMVZ, UNAM.
gg77e@yahoo.com.mx