Denuncian siembra ilegal de Soya Transgénica en Campeche

Representantes mayas de Hopelchén denuncian violaciones al proceso de consulta

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Frente a la ausencia de condiciones para garantizar el cumplimiento de las sentencias 498/2015, 499/2015 y 500/2015, representantes del Colectivo de Comunidades de los Chenes, pertenecientes al municipio de Hopelchén, Campeche, acudieron a la Suprema Corte para expresar sus preocupaciones y exigir que establezca las medidas necesarias para hacer efectivas esas resoluciones.

El pasado 4 de noviembre de 2015 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió varias sentencias en contra de un permiso otorgado para la siembra de soya genéticamente modificada en diversas regiones del estado de Campeche, declarando la suspensión del permiso y ordenando se efectuara una consulta “previa”,  libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a fin de proteger los derechos y garantizar la participación en las decisiones del pueblo maya.

A pesar de ello, desde que inició formalmente la consulta y hasta la fecha, han sucedido diversas irregularidades en el proceso que exhiben una violación a lo establecido por la Suprema Corte en sus resoluciones. Entre las más graves están: A) se ha sembrado de manera ilegal soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos; B) han habido amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta, C) ausencia de imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) que ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias tóxicas, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica; D) omisión de las dependencias Federales: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); Ministerio Público Federal (MPF); Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región; E) ausencia de información a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica, entre las más graves.

Representantes de pueblos mayas de Campeche.

Muchas de estas irregularidades han sido documentadas por la ciudadana para dar seguimiento al proceso de consulta y también reconocidas por la propia CIBIOGEM, quien el 5 de diciembre del año pasado ante las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que existían cuando menos 300 hectáreas de soya transgénica sembradas en el municipio de Hopelchén, sin que hasta la fecha exista información sobre las sanciones implementadas ni sobre el destino de esa soya ilegalmente sembrada.

Frente a estas irregularidades, los representantes de las comunidades han acudido tres veces al Juzgado Segundo de Distrito de Campeche a solicitar se inicie el incidente de inejecución de sentencia; no obstante dicho órgano juzgador se ha negado sistemáticamente a establecer las medidas de apremio necesarias para que la sentencia sea efectiva y se cumplan los lineamientos establecidos por la Corte, lo cual pone en entredicho la voluntad y capacidad del citado juez para cumplir con una labor esencial del Poder Judicial de la Federación que es hacer realidad sus resoluciones. Es por ello que las y los representantes de las comunidades han acudido a exigirles a los ministros que se cumplan las condiciones establecidas en su sentencia. También les externaron la falta de credibilidad y fuerza de sus sentencias y como institución.

Cabe resaltar, que esta visita se da en un contexto de suma gravedad para la zona de Hopelchén, misma que sufre una prolongada sequía, entre otras cosas por el uso desmedido de agua para la agricultura industrial, la perforación ilegal de pozos de absorción, y la desecación de aguadas y lagunas naturales que está secando la selva y provocando incendios. Lamentablemente, la falta de participación de las comunidades mayas en la implementación de políticas agrícolas en la región está llevando a la selva maya a una situación de destrucción que podría ser irreversible en caso de no tomarse las medidas necesarias para garantizar una agricultura sustentable.

Finalmente, las y los representantes de las comunidades mayas recordaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de nueva cuenta tiene una oportunidad histórica para hacer justicia a favor del pueblo maya de Quintana Roo, con quienes comparten la defensa del territorio con el objetivo común de declarar a la Península de Yucatán libre de transgénicos. AS

Francia Gutiérrez Hermosillo
francia.mexicana@gmail.com
maogmcolectivo@gmail.com
Colectivo MaOGM

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