Sin resolverse la estructura de comercialización del maíz

Durante esta última semana, el campo mexicano alzó la voz con fuerza. Agricultores de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sinaloa tomaron carreteras, centros de acopio y oficinas gubernamentales para exigir precios justos y condiciones claras de comercialización.

La presión surtió efecto, aunque de manera parcial y limitada. El Gobierno Federal respondió con un paquete de medidas que atiende principalmente a los productores pequeños y medianos del Bajío, dejando fuera a los de mayor escala. Las acciones buscan aliviar la tensión social más que resolver el problema estructural de la comercialización del maíz.

Entre los principales acuerdos se estableció un apoyo directo de $950 por tonelada, una tasa preferencial de crédito de 8.5% anual, y el compromiso de proteger la cosecha con seguro agropecuario para todos los acreditados. Este programa beneficiará a cerca de 90 mil productores en Guanajuato, Michoacán, Jalisco y parte de Zacatecas, con una cobertura total de 1 millón 410 mil toneladas de maíz blanco. En términos nacionales, esto equivale apenas al 6% de la producción total de maíz en México, que supera los 23 millones de toneladas al año.

Por el momento, este acuerdo no incluye a la agricultura comercial del noroeste, particularmente en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, que en conjunto representan cerca de 12 millones de toneladas anuales, es decir, alrededor del 50 % de la producción nacional de maíz blanco. En esta región aún no existen apoyos ni mecanismos de comercialización definidos, pese a que concentran la mayor parte del abasto para consumo humano.

En otras palabras, el Bajío obtuvo una salida política, mientras el noroeste sigue esperando una solución económica. Para los productores sinaloenses, la incertidumbre continúa: no hay precios de referencia, ni compradores definidos, ni reglas de operación publicadas para participar en el nuevo programa, ni financiamiento, ni programas de cobertura, etc.

A pesar de que la cosecha de maíz está prevista hasta los meses de abril, mayo y junio de 2026, las protestas de los agricultores se presentan ahora por la necesidad de que el Gobierno Federal y el Poder Legislativo asignen, en las próximas semanas, dentro del Presupuesto de Egresos del próximo año, una partida especial para apoyar a la agricultura comercial, ya que en el proyecto actual no viene contemplada.

El costo promedio de producción es de alrededor de $6,500 por tonelada, mientras que el precio actual del maíz en la Bolsa de Chicago ronda los $180 dólares por tonelada. Si se considera la base promedio pagada por los industriales en el ciclo pasado, de $98 dólares, y un tipo de cambio de $18.55 pesos por dólar, el ingreso total estimado para el productor se ubicaría en alrededor de $5,160 por tonelada, muy por debajo de los costos reales de producción. Cada hectárea cultivada deja un margen negativo que se cubre con créditos, adelantos o los ahorros de toda una familia.

El gobierno ha prometido un cambio estructural mediante la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, que incluirá precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos entre productores y compradores, y un marco jurídico que regule las operaciones. Si se cumple, sería el paso más importante en décadas hacia una comercialización más justa y transparente.

También se acordó que la cosecha nacional tendrá prioridad de compra, y que los representantes de los productores podrán revisar las reglas de los programas antes de su publicación. El compromiso, además, incluye que las mecánicas operativas de los apoyos federales y estatales se hagan públicas y con información oficial.

Pese a ello, aún falta claridad sobre cómo este sistema incluirá a la agricultura comercial del noroeste. En Sinaloa, la superficie sembrada con maíz es mucho mayor que la del Bajío, y la comercialización depende de contratos con la industria harinera y con grandes comercializadoras. Sin un precio de referencia oficial ni certeza en los apoyos, la planeación del siguiente ciclo agrícola se vuelve incierta.

La verdadera raíz del problema es la ausencia de una política agrícola integral que combine rentabilidad, transparencia y previsión. México no puede seguir resolviendo año con año, a base de presión social, lo que debería definirse con reglas económicas estables. ¿Cuántas veces más tendrán que salir los agricultores a las carreteras para ser escuchados?

El campo mexicano produce alimento, empleo y estabilidad, pero también envía una señal clara: sin certidumbre, no hay inversión ni futuro.

El reto ahora es que este nuevo sistema de ordenamiento no se quede en el papel. Si realmente logra fijar precios de referencia justos, abrir canales de diálogo permanentes y dar prioridad al maíz nacional, podría marcar el inicio de una etapa distinta para la agricultura mexicana.

Mientras tanto, los productores del noroeste —que sostienen buena parte del abasto del país— siguen esperando respuestas. Y mientras no obtengan del gobierno señales que les den certidumbre, las protestas continuarán en las carreteras y en los campos.

Hoy el maíz vuelve a recordarnos algo esencial: sin política agrícola universal no hay seguridad alimentaria