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Cuestionan Reforma para el Campo

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Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec)

El pasado 6 de enero en el contexto del 99 aniversario de la promulgación de Ley Agraria de 1915, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que en los próximos meses presentará la Reforma para el Campo.

Dicho anuncio representa, según para la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), una amenaza contra el campo mexicano, más que una respuesta a la demanda generalizada del sector productivo agroalimentario de un cambio de fondo a las políticas de libre comercio y privatización impulsadas en las últimas tres décadas, incluyendo los 20 años del TLCAN y de la contrarreforma al artículo 27 constitucional.

Como es de todos conocido, las reformas laboral, educativa, de telecomunicaciones, fiscal y energética se impusieron sin deliberación pública, sin consulta con la ciudadanía ni con los sectores afectados, y considerando únicamente los intereses y demandas de las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras y el interés hegemónico de los Estados Unidos. En este sentido, se trata de verdaderas contrarreformas que atentan contra el interés nacional, el interés de las mayorías y del sector productivo nacional, y contra los derechos de participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Por esta razón cuando EPN anuncia una “reforma para el campo” no podemos dejar de preguntarnos qué más quieren los beneficiarios de 30 años de privatización y libre comercio en la agricultura mexicana.

En este sentido, el contenido no dado a conocer, de la propuesta de “reforma al campo” de EPN está en lo que quieren el Consejo Nacional Agropecuario (representante de los agricultores ricos, los monopolios y la dependencia del exterior), el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y las corporaciones de Estados Unidos y Canadá.

Para esto, el gobierno cuenta con  la CNC, el CAP y muchas organizaciones a modo, que están dispuestas a avalar la contrarreforma agraria que propone EPN tal y como lo hicieron en 1992 y 1994 cuando apoyaron la modificación salinista del artículo 27 constitucional y el TLCAN.

Las reformas o más bien contrarreformas al campo

Por esta razón, desde la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) damos a conocer cinco serias amenazas que representa para el campo mexicano, mismas a las que nos oponemos y debemos rechazar y frenar:

  • Privatización vía rápida –fast track– del ejido y la comunidad. Para ello, tomando como base la iniciativa de reforma a la ley agraria del expresidente Felipe Calderón que sometió al Senado de la República días antes de la conclusión de su régimen. La conversión de la SRA en Sedatu por la actual administración es una señal al respecto. Otra más lo representa la reciente declaración del secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez en la que afirma que “una producción agropecuaria rentable es hoy inviable debido a la pulverización de la tierra” y que hay dos caminos: “la asociatividad de los pequeños productores y un tránsito más rápido de la propiedad social a la propiedad privada” (El Universal; 14 de enero de 2014. Subrayado nuestro).
  • Profundización del modelo de libre importación, monopolios y dependencia agroalimentaria. Profundización, más que rectificación, del TLCAN y suscripción de más TLCs: TPP, Alianza del Pacífico, inclusión de la agricultura en el TLCUE, etcétera. 
  • Profundización de la agricultura industrial/etapa transgénica de la revolución verde y de la dependencia de monopolios y del exterior. Autorización masiva de la siembra comercial de maíz transgénico y otros cultivos genéticamente transformados (OGTs), autorización de alimentos para la producción de biocombustibles, ampliación del uso de agroquímicos, aumento del uso de combustibles fósiles y de emisión de carbono, incremento de la dependencia alimentaria y tecnológica y del poder económico y político de los monopolios agroalimentarios.
  • Profundización del despojo y depredación de recursos naturales. Aceleración del despojo de tierras, agua, minerales, recursos eólicos, biodiversidad, etcétera, en manos de campesinos e indígenas. Complemento de la Reforma Energética. Más concesiones mineras, petroleras, gaseras para explotar los territorios campesinos e indígenas. Iniciar con el llamado Fracking, fractura hidraúlica.
  • Debilitamiento de la resistencia social en el campo frente al despojo. Profundización de la expulsión de sus territorios de campesinos e indígenas. Control político total de la población rural vía programas asistencialistas y condicionamiento de apoyos públicos.

Ante estas amenazas llamamos a la sociedad rural en su conjunto, a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos de a pie a defender al campo mexicano ante esta nueva ofensiva de exterminación de campesinos, indígenas y, en general, de los modos de vida rurales.

Y todo esto, cuando a nivel mundial ahora se reconoce el enorme potencial de la agricultura campesina para encarar la inseguridad alimentaria mundial. Así, la ONU ha declarado 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. La FAO ha reconocido el alto el alto potencial de la agricultura en pequeña y mediana escala para aumentar la producción de alimentos con sustentabilidad y respeto a los derechos de los campesinos y los modos de vida rurales. Hasta el Banco Mundial ha reconocido el error de haber dado la espalda en las décadas pasadas a las agriculturas campesinas e indígenas.

Plan Campesino para un cambio verdadero en el campo mexicano

El pasado 2 de enero, a 20 años del TLCAN, en un acto en el puente internacional Córdoba-Las Américas de Ciudad Juárez, Chihuahua, el compañero Fernando Ortega, coordinador del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, dio a conocer el Manifiesto Campesino de Ciudad Juárez contra el TLCAN y por un cambio verdadero en la política hacia el campo.

A continuación se presentan las cinco demandas campesinas contenidas en dicho Manifiesto Campesino y que nuestra Asociación hace suyas, diciendo que 30 años de políticas anticampesinas y 20 años de Tratado de Libre Comercio son suficientes, y que más que una “reforma del campo” y un “pacto rural”, debemos cambiar y pronto para recuperar nuestra soberanía alimentaria con propiedad social de la tierra y el territorio.

  • Demandamos precios justos para nuestras cosechas y seguridad en la comercialización. Esto implica establecer un sistema de ingresos-objetivo por cultivo que permita recuperar costos de producción y obtener una utilidad razonable. Si los precios del mercado no son suficientes, debe haber apoyos gubernamentales complementarios. Asimismo, se requiere crear un sistema de compras gubernamentales de última instancia, una reserva pública de alimentos, recuperar el control gubernamental del comercio exterior agroalimentario, desmantelar los monopolios y masificar la organización y capitalización de los productores para la administración de la oferta y el ordenamiento de los mercados.
  • Demandamos una política de Estado multianual para la autosuficiencia alimentaria con pequeños y medianos productores, con un nuevo modelo de producción sustentable de alimentos sanos, sin transgénicos y sin monopolios.
  • Demandamos el respeto irrestricto al ejido y la comunidad. Rechazamos toda “reforma rural” que pretenda privatizar nuestras tierras, aguas, semillas, territorios y nuestros recursos naturales de uso común y manejo comunitario. Rechazamos las concesiones mineras y petroleras, la minería a cielo abierto y la explotación petrolera y de gas vía fractura hidráulica así como los megaproyectos hidráulicos, eólicos, turísticos, inmobiliarios, de vivienda y demás, que se pretendan imponer sobre la voluntad libre e informada de los pueblos y comunidades y violando nuestro derecho a un medio ambiente sano.

El atrasado en el minifundio no es un asunto de la propiedad de la tierra, sino del abandono del campo y la inexistencia de políticas de Estado para el fomento productivo de la pequeña y mediana unidad de producción.

En ANEC hemos demostrado que una pequeña unidad de producción, sea ejidal, comunal o privada, de temporal, es capaz de producir 18 toneladas por hectárea con un costo de producción de $1,500.00/tonelada y con menor uso de agroquímicos en comparación con las siembras de maíz de riego en grandes superficies en Sinaloa con 10-12 ton/ha y costos de producción de $ 30,000.00/hectárea.

Ni en la campaña electoral de EPN, ni el en Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ni en el programa Sectorial Sagarpa 2018 se plantea la privatización de la propiedad social de la tierra. Por el contrario, Se establece impulsar la productividad y bienestar del minifundio vía “asociacionismo e inversión pública”.

  • Demandamos el derecho a no migrar y a vivir con dignidad con nuestras familias en nuestras comunidades. También exigimos al gobierno y congreso de los Estados Unidos una inmediata reforma migratoria justa para los mexicanos sin papeles y al gobierno mexicano le demandamos expedir visas de tránsito a los migrantes centroamericanos.

Vivir bien es un derecho para la población rural y es una obligación del Estado asegurar la plena realización de nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Tenemos derechos a tener empleos bien remunerados para la juventud del campo, alimentación sana y culturalmente apropiada, vivienda digna, salud, educación, seguridad social, acceso a la cultura y recreación. Rechazamos los programas asistencialistas y el manejo clientelar y político-electoral de los programas y recursos públicos.

  • Rechazamos el TLCAN y ahora el Tratado Transpacífico (TPP) por estar negociándose en secreto, sin nuestra participación y por ser igual o peor que el TLCAN. También desconocemos la llamada reforma energética por no habernos consultado y por tanto carecer de legitimidad, por atentar contra los principios de nuestra Constitución y por entregar nuestros recursos estratégicos al extranjero.

Hacemos una llamado a poner en marcha una campaña de información, reflexión, organización y movilización en el México rural profundo: en todos y cada uno de los ejidos y comunidades, en todas las organizaciones campesinas e indígenas, en todas las localidades rurales, entre todos los grupos étnicos; en las escuelas, universidades, facultades y centros de enseñanza e investigación agrícola superior; en todas las universidades pública y privadas; en todas las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos; en los sindicatos, organizaciones populares y de consumidores; y, en general, con toda la ciudadanía del campo y de la ciudad.  AS